El 29 de marzo de 2023, entra en vigor la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales. En un paso significativo hacia la implementación de esta norma, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha proporcionado a las Comunidades Autónomas un borrador del Real Decreto compuesto por 25 puntos destinado a desarrollar la legislación existente.

Este borrador, elaborado por la Dirección General de Derechos de los Animales bajo la dirección de Pablo Bustinduy, se presentará en una reunión el próximo 17 de julio, donde se espera que los gobiernos autonómicos sugieran cambios hasta el 31 de agosto.

El objetivo fundamental de este texto es reforzar y ampliar la protección de los animales, basándose en las contribuciones de diversas entidades de protección animal, asociaciones veterinarias y criadores de animales de compañía. Entre las medidas más destacadas, se encuentra la propuesta de un procedimiento específico que permita a las administraciones públicas intervenir en casos de animales de compañía en riesgo, así como la posibilidad de rescatar animales atrapados en vehículos bajo condiciones que amenacen su vida. Esto último será posible si los servicios de emergencia o fuerzas de seguridad consideran que hay signos evidentes de peligro y no se logra localizar al propietario del vehículo.

Otro aspecto relevante del borrador es la regulación de la cría de perros, donde se busca restringir las prácticas irregulares que a menudo conduce a altos índices de abandono. En este sentido, se plantean cambios en la consideración de ciertas razas designadas como «potencialmente peligrosas». La nueva normativa permitiría que los perros previamente catalogados como tales dejen de estarlo si superan una prueba de aptitud, la cual será realizada por profesionales del comportamiento animal. Aquellos que no superen esta evaluación tendrían prohibida su reproducción, con el objetivo de controlar y eventualmente reducir el número de perros considerados peligrosos.

Adicionalmente, se propone la creación de registros centralizados para criadores, núcleos zoológicos y entidades de protección animal, que serán administrados por las Comunidades Autónomas. Este sistema tiene como finalidad combatir el intrusismo profesional que perjudica el bienestar de los animales. Para ello, se establecerá un Sistema Central de Registros para la Protección Animal que coordinará la información recopilada en cada comunidad, asegurando así la interoperabilidad necesaria para la elaboración de estadísticas sobre protección animal.

Entre otras disposiciones, se establece que aquellos que deseen adoptar un perro de compañía deberán completar un curso de formación certificado, que será gratuito y tendrá validez indefinida, exceptuando a veterinarios y profesionales del sector que ya cumplen con este tipo de formación.

A medida que el borrador del Real Decreto avanza en el proceso de revisión y posible modificación, se anticipa que estas propuestas generen un debate enriquecedor entre las Comunidades Autónomas, profesionales del sector y entusiastas de la protección animal.